El Estado pagará el sobrecosto de ómnibus eléctricos a compañías

En momentos en los que los actores políticos discuten la necesidad de recortar el gasto público, en la pasada Rendición de Cuentas el Parlamento aprobó el artículo 325 que faculta al Poder Ejecutivo a pagar a las compañías la diferencia entre un ómnibus a combustible y uno eléctrico, con valores que ascienden a los US$ 350 mil por unidad.

La iniciativa está enmarcada en el cambio de matriz energética que emprendió Uruguay y en la necesidad de impulsar modelos de movilidad más eficientes y sostenibles. En una primera etapa se aspira a llegar al 4% de la flota nacional, es decir, unas 120 unidades en total. Por lo tanto, sería una transferencia de US$ 42 millones terminada la primera etapa.

El coordinador del proyecto Movés del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Ariel Álvarez, explicó a El Observador que ese subsidio "sale de rentas generales". Además del MIEM, intervienen en este subsidio el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el Ministerio de Economía y Finanzas .

La lógica, según señaló Álvarez, es que por cada ómnibus eléctrico que se incorpora al sistema el Estado dejará de aportar recursos a las empresas por concepto de fideicomiso del gasoil -también conocido como el fideicomiso del boleto-, que en realidad se recauda de los usuarios particulares de gasoil. El boleto del transporte urbano está subsidiado a través de este fideicomiso, que fue puesto en marcha en 2006. "Si uno toma lo que hoy requieren los ómnibus durante su vida útil (por parte del fideicomiso), alcanza para este subsidio eléctrico. Al ser una sustitución de un ómnibus por otro, cada vez que viene uno eléctrico se elimina uno diésel", afirmó Álvarez. Además, el jerarca del MIEM consideró que, pese al impulso que busca dar Uruguay a la movilidad eléctrica, no se pueden "cambiar las condiciones" a los "operadores del transporte público". Con ese argumento justificó que las empresas privadas no asuman nada del sobrecosto que tiene una unidad eléctrica por sobre el valor de un ómnibus a gasoil, más allá de que en la operativa se verán beneficiados por utilizar un energético más barato que el hidrocarburo.

La reglamentación del artículo 325 -que estará lista antes de fin de mes- determinará los detalles del funcionamiento del subsidio, así como las características técnicas de los vehículos. En un primer llamado, previsto para los próximos meses, el Poder Ejecutivo pretende incorporar casi 40 ómnibus eléctricos. Montevideo, por su participación en el mercado del transporte urbano, se llevará 30 unidades. Sólo en la capital hay más ómnibus que en el resto del país en su conjunto, afirmó Álvarez.

Y, dentro de la capital, la empresa que tiene mayor participación es Cutcsa, cuyo presidente es Juan Salgado, asesor del mandatario Tabaré Vázquez y amigo personal. Según aseguró a El Observador Fernando Barcia, gerente general de la compañía de transporte, en ese primer llamado Cutcsa buscará adquirir 20 unidades. Por el momento, el único ómnibus eléctrico que hay en la capital es uno de Cutcsa que llegó en 2016 y que, desde ese entonces, ha estado haciendo pruebas en cada una de las líneas que opera la empresa en la ciudad. Barcia también detalló que un ómnibus convencional ronda los US$ 100 mil y uno eléctrico puede llegar a los US$ 450 mil. La diferencia será asumida por el Estado con el subsidio.

Lo que se buscó con esta herramienta fue "ayudar a los operadores en la dificultad de la compra", dijo Álvarez.

Para la compra de autos eléctricos de uso particular el Estado tiene una serie de incentivos, como una reducción del Imesi, tarifas eléctricas de carga bonificadas y exoneraciones de patente. No obstante, en ningún caso se llega a complementar la diferencia de precio entre un vehículo a combustión y uno eléctrico.