Inversión de 1 millón de dólares para conexión eléctrica beneficia a 250 pobladores de la zona rural de Artigas

El Programa de Electrificación Rural concretó la conexión al suministro eléctrico de la localidad de Cerro Amarillo, en Artigas, que beneficiará a más de 250 personas, con un tendido de 150 kilómetros de extensión y una inversión de 1 millón de dólares. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) avanza así en el objetivo de lograr el cien por ciento de la cobertura eléctrica nacional, destacó su director, Álvaro García.

Este viernes 8, tuvo lugar la inauguración del tendido eléctrico en la localidad de Cerro Amarillo, departamento de Artigas. El proyecto implicó el despliegue de 150 kilómetros de cable con una inversión cercana al millón de dólares, informó el director de OPP, Álvaro García, quien participó de la ceremonia realizada en la escuela rural n.° 26, junto con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech.

“Tenemos un objetivo ambicioso, que es llegar al cien por ciento del país electrificado. Quedan todavía unos cientos de familias por cubrir, cada vez son lugares más alejados, pero también la tecnología va mejorando y hay alternativas para ello”, añadió.

Desde su creación, en 2012, el Programa de Electrificación Rural incorporó casi 1.500 hogares y 17 escuelas a la red de suministro eléctrico de UTE. Además, otorgó más de 234 millones de pesos en subsidios y desplegó 2.170 kilómetros de tendido eléctrico en todo el país.

Para la concreción de cada proyecto, la OPP otorga un subsidio equivalente al 40 % de los costos de las obras. UTE suministra los recursos materiales necesarios para la concreción del proyecto, como cables, postes, columnas y transformadores. La intendencia aporta un cuarto de la inversión necesaria. Los vecinos presentan proyectos comunitarios para solicitar el servicio y abonan el importe restante hasta en 60 cuotas con el recibo de la tarifa eléctrica, una vez finalizada la obra.

En su rol de ente rector de la distribución de energía eléctrica, UTE controla la obra y concreta el pago a las empresas por avances efectivos, lo que garantiza su finalización. Por su parte, instituciones como el Ministerio de Ganadería, Mevir y el Instituto Nacional de Colonización articulan el trabajo a nivel territorial para facilitar la labor conjunta entre el Estado y los vecinos beneficiarios.