Políticas públicas y articulación entre Estado y sociedad permitirán alcanzar la cobertura universal de energía eléctrica

Gonzalo Casaravilla, presidente de UTE, se refiere a los avances alcanzados en materia de electrificación rural a nivel nacional. Según el jerarca, el 99,85% de las familias uruguayas cuentan con energía eléctrica proporcionada por UTE, no queda una sola escuela rural sin servicio, y la totalidad de los beneficiarios de MEVIR están conectados a la red eléctrica. El pendiente son alrededor de 1400 familias dispersas en todo el país, a las que se atenderá en los próximos años. Las Mesas de Desarrollo Rural son un socio estratégico de UTE en lo que concierne a captación de demanda y búsqueda de soluciones para las familias rurales.

El titular de UTE afirmó que «este año cerrará con el tendido de unos 600 kilómetros» de líneas para la electrificación rural, con una «importante inversión pública, del orden de los 800 millones de pesos, que nos va acercando a la consigna estratégica de llegar al 100% de cobertura».

Casaravilla explicó que el proceso de acercarse a la gente y permitirle acceder a un derecho, «es cada vez es más difícil» dado que los 1400 hogares que aún no cuentan con energía eléctrica convencional proporcionada por UTE son los que están más alejados y están más dispersos en el territorio. En este escenario, «seguramente, en algunos casos, proporcionaremos el servicio mediante paneles fotovoltaicos o instalaciones autónomas, porque los costos (de conectar esos hogares a la red) serían muy caros».

El jerarca aseguró que «se va a hacer el esfuerzo, porque bien vale la pena afianzar a la gente en el medio rural. Lo que se ha realizado en estos últimos años ha sido titánico, y si este esfuerzo se hubiera hecho hace 50 años –o incluso antes, considerando que UTE tiene 107 años- evidentemente otra hubiera sido la realidad de la población de campaña».

Todas las escuelas rurales del país cuentan con energía eléctrica, fundamentalmente proporcionada por UTE de manera convencional. Aproximadamente 50 de ellas se abastecen a partir de paneles fotovoltaicos, que en la medida de que se llega con el tendido de líneas, se incorporan a la red. De acuerdo a lo expresado por Casaravilla, «todas las viviendas de MEVIR cuentan con energía eléctrica.

Desde un punto de vista técnico, los requerimientos del servicio demandado por un hogar no es el mismo que necesita un emprendimiento que tenga por objeto el agregado de valor a la producción. En este sentido, Casaravilla expresó que «una cosa es llegar con la energía eléctrica a todas las familias y otra es llegar a todo el territorio con la energía que permita desarrollar una agroindustria, aunque sea pequeña. Este es un desafío enorme. La mitad de los servicios de electrificación rural en Uruguay» tiene una potencia adecuada para el uso doméstico. Si UTE pretendiera llegar a todo el país con una potencia que «permitiera instalar máquinas o herramientas importantes, otro sería el cantar. Habría que hacer una inversión muy elevada». No obstante, «estamos atentos a buscarle alternativas a los desarrollos productivos. Tal vez, la mejor opción» sea planificar este tipo de iniciativas en lugares más cercanos a centros urbanos o redes ya instaladas, en el entendido que sería más económico que afrontar «los costos incrementales del emprendimiento en una zona aislada, a pesar del subsidio».

El Programa de Electrificación Rural surge a partir de un convenio interinstitucional suscrito en 2012, y renovado en 2016, a fin de cubrir la demanda insatisfecha en el interior del país y llegar al cien por ciento de la cobertura de la red eléctrica nacional. A esta iniciativa suscribieron la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, Desarrollo Social, Industria, Energía y Minería, y Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la Comisión Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (Mevir), el Instituto Nacional de Colonización y las empresas públicas UTE y Antel. Cada organismo dispone de un delegado en la Comisión Interinstitucional de Electrificación Rural (CIER), la cual se reúne de manera mensual para analizar las solicitudes de proyectos de electrificación presentadas.

Desde 2012, el Programa de Electrificación Rural incorporó casi 1.500 hogares y 17 escuelas a la red de suministro eléctrico de UTE. Además, otorgó más de 234 millones de pesos en subsidios y desplegó 2.170 kilómetros de tendido eléctrico.

Las obras de electrificación rural reciben un subsidio estatal de entre el 40% al 60%, respetando los acuerdos que surjan en la comunidad en torno a cómo afrontarán el saldo. La contraparte de los vecinos es financiada UTE, con plazos que pueden extenderse hasta a por cinco años. En algunas ocasiones los pobladores del medio rural han recibido apoyos adicionales de diferentes organismos del Estado, en consideración de su situación socioeconómica.

La organización de las comunidades de vecinos en las zonas rurales a favor de la concreción de proyectos de electrificación rural es determinante para lograr la meta del 100% de cobertura. Según Casaravilla, «el MGAP, a través de las Mesas de Desarrollo Rural, es un socio estratégico en territorio» en lo que concierne a captación de demanda y búsqueda de soluciones para las familias residentes en campaña. El jerarca también destacó el rol de MEVIR, del Instituto Nacional de Colonización, de los gobiernos departamentales, e incluso, de las escuelas rurales como centros de reunión e inclusión social.